Los planes torcidos del país

Los planes torcidos del país

Por: José B. Márquez

sábado, 22 de julio de 2017

“El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros”.

-Jorge Luis Borges (‘El jardín de los senderos que se bifurcan’)

En los pasados 10 años la Fundación Agenda Ciudadana ha fungido como una gran narradora y ejecutora de rutas alternas de política pública. Sirviéndose de la metodología del diálogo sostenido y la concertación social, la organización ha sentado a la mesa a múltiples sectores para trazar soluciones a las principales problemáticas del país. De esas mesas de diálogo han surgido planes estratégicos en las áreas de economía, seguridad, familia, salud, educación, entre otros. El desarrollo de esos planes multisectoriales de por sí representa un logro sin precedentes, pues de ordinario cada sector se limita a promulgar aquello que le conviene a su gremio, no necesariamente a un proyecto de país sostenible y equitativo.

Una de las propuestas más emblemáticas que surgió en las mesas de diálogo de Agenda Ciudadana fue el Plan Decenal de Educación. Con éste se vislumbró una política pública a largo plazo que permitiría despartidizar y descentralizar el sistema educativo del país. Esto se lograría mediante un proceso de amplia participación ciudadana a través del cual surgirían los lineamientos principales de la política educativa que regiría en el país por un período de 10 años. De esta manera, se evitarían los vaivenes político-partidistas que cada cuatro años impiden que los programas gubernamentales progresen y maduren.

Aunque atractiva en teoría, la propuesta presentaba múltiples retos políticos y legales. Entre estos últimos, resulta que un principio constitucional básico establece que una legislatura no puede obligar a otra. Esto quiere decir que lo que apruebe la legislatura actual no vincula a una legislatura posterior que interese alterar la política pública vigente al momento de asumir el poder. Cualquier pretensión de vincular a una legislatura futura se denomina un entrenchment legislativo y, como norma general, se presumirá inválido.

Durante mis estudios de Derecho realicé una investigación extensa de este tema junto a mi colega Alvin Padilla Babilonia. Luego de estudiar a fondo las bases constitucionales de esta prohibición, argumentamos que la única forma de vincular válidamente a una legislatura futura sería mediante un método legislativo conocido como symmetric entrenchment. A grandes rasgos, esto implicaría que la legislatura que apruebe determinada política pública, en vez de vincular a legislaturas futuras al contenido de la ley aprobada, las vincule al método a través de la cual la aprobó.

A nuestro modo de ver, esto solo podía lograrse si se establecía que un proyecto de ley como el del Plan Decenal de Educación, luego de aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el gobernador, fuera ratificado en referéndum. Este requisito a su vez se impondría en el proyecto como condición necesaria para enmendar o derogar el plan posteriormente, lo que implicaría que a una administración gubernamental no le bastaría el respaldo legislativo y ejecutivo para revertir la política pública establecida, sino que también requeriría el respaldo ciudadano de un referéndum.

Las bases constitucionales y jurisprudenciales se detallan en el artículo que publicamos en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y que tuvo el honor de ser premiado por el Colegio de Abogados como Obra Jurídica del Año (http://revistajuridica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/05/84-Rev.-Jur.-247.pdf.). No obstante, el planteamiento de fondo es que una legislatura debería estar vinculada a una ley previa si esta última goza de una jerarquía superior por haber sido aprobada a través de un procedimiento más democrático que el ordinario. De este modo, razonamos que el symmetric entrenchment por referéndum podría revestir de esa mayor jerarquía democrática una política pública como la del Plan de Decenal de Educación.

Hoy por hoy, el Plan Decenal de Educación es un extraordinario proyecto de ley engavetado en el Capitolio y nuestra humilde propuesta metodológica es una extensa publicación académica relegada en los estantes de bibliotecas jurídicas. Como tantos otros planes atractivos provenientes de la sociedad civil, representan rutas paralelas de política pública sin explorar. Mientras pasa el tiempo resulta más apremiante aún bifurcar el rumbo del país hacia senderos más alentadores y consecuentes, como los que estas propuestas pretendían encaminar.