America Latina aboga por la transparencia para combatir la corrupción
El crecimiento económico y la consolidación democrática a la que está asistiendo América Latina en la última década no va acompañada de una mejora en la calidad y la transparencia de sus instituciones. La mayoría de los países de la región siguen anclados en la parte baja del Índice de Percepción de la Corrupción de 2012 que publicó Transparencia Internacional el pasado domingo, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción. Aprovechando esa fecha, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está celebrando aquí en Washington un seminario para buscar alternativas en la lucha contra los abusos y prácticas ilegales por parte de los Gobiernos latinoamericanos. La apuesta pasa por sumar a los actuales mecanismos de lucha contra la corrupción una agenda positiva que abogue por exigir mayor transparencia de las Administraciones en el acceso a la información y una mayor implicación de la sociedad civil.
“La corrupción es una lacra para el desarrollo, en términos de crecimiento económico y de consolidación democrática”, ha explicado Ana María Rodríguez, directora del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. “Nosotros abogamos sustituir la actual agenda anticorrupción por otra más positiva que sirva mejor al ciudadano y que requiere implementar la transparencia, fomentando las iniciativas a favor del Gobierno Abierto”, señala Carlos Santiso, responsable del Departamento de Capacidad Institucional del Estado de la misma institución.
América Latina quiere convertirse, parafraseando a Carlos Fuentes, en la región más transparente. Esa apuesta es clave para consolidar el crecimiento económico y apuntalar los regímenes democráticos de la zona. El desarrollo de una política de transparencia en las instituciones implica garantizar el acceso de la información a los ciudadanos, favorecer su participación en los sistemas de gobierno y promover un mayor control por parte de la sociedad civil del ejercicio del poder y del cumplimiento de las obligaciones de sus autoridades. “Una estrategia que sumada a las tradicionales de lucha contra la impunidad jurídica o la persecución del lavado de dinero, se antoja vital para luchas contra la corrupción”, indica Nathaniel Heller, director ejecutivo de Global Integrity, una organización que trabaja a favor de la transparencia gubernamental.
La necesidad de garantizar una política en contra de la opacidad que asegure el libre acceso de los ciudadanos a la información gubernamental está calando entre los mandatarios de América Latina. Con la reciente incorporación de Argentina, el pasado noviembre, a la Alianza para el Gobierno Abierto, ya son 14 los Estados de la región que se han incorporado a esta iniciativa que incluye a 58 países y que fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en septiembre de 2011. “El Gobierno Abierto persigue transformar al Ejecutivo en un órgano más claro, más accesible y, por tanto, más responsable”, señala Heller.
Entre los países que se han sumado a la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto -en la que se encuentra España- no forman parte países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, que se encuentran en la zona baja de la tabla del informe de Transparencia Internacional. No obstante, en varios de esos Estados sí se están llevando a cabo iniciativas que buscan promover la transparencia de sus Gobiernos.
Ecuador tiene una ley de transparencia que data de 2004 aunque, como ha recordado Orazio Belletini, director del Grupo El Faro, las distintas Administraciones públicas únicamente proporcionan el 53% de la información requerida por la norma. No obstante, en los últimos años han conseguido garantizar la transparencia del Ejecutivo de Rafael Correa en lo que al sector petrolero se refiere. “La obligación de hacer pública y accesible la información supone una reducción del poder de los funcionarios públicos y una cesión de ese mismo poder hacia la ciudadanía”, defiende Belletini.
En Bolivia, el BID está trabajando desde hace dos años en un programa que permite a sus ciudadanos realizar denuncias a través de los teléfonos móviles. “El uso de las nuevas tecnologías es vital para garantizar la eficacia de los gobiernos abiertos. Facilitan el acceso y la transmisión de la información y la participación de los ciudadanos en los sistemas políticos”, señala Santiso.
Las nuevas tecnologías son esenciales de cara a garantizar la transparencia, como ha demostrado la experiencia brasileña, un país puntero en cuanto a la puesta en práctica de políticas de transparencia y de acceso a la información ciudadana. El Gobierno de Brasil tiene una página web en la que se ofrecen datos actualizados diariamente de las finanzas, las contrataciones, las transferencias de fondos a otras Administraciones e incluso los gastos detallados de las tarjetas de crédito de los ministros. “Ahora estamos revisando nuestro sistema de transparencia para incorporar de manera más activa a la sociedad civil”, indica Vania Viena, directora de Prevención de la Corrupción de la Contraloría General de Brasil, la entidad gubernamental encargada de aplicar las indicaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto en ese país.