Meta innegociable el cambio educativo
En pleno tercer lustro del siglo, Puerto Rico tiene la responsabilidad histórica de abordar con unidad los cambios sociales que su gente exige y tiene que articular planes a corto, mediano y largo plazo que, impermeables al partidismo, transformen el sistema educativo en el verdadero eje de nuestro desarrollo social, económico y cultural.
Entendemos que el País, con sentido de urgencia, debe hacer cada vez más suya la propuesta de un plan decenal inclusivo en su diseño y ejecución, que reforme la educación pública en lo docente y lo administrativo, que ponga al estudiante en primer plano y que le devuelva al maestro su autoridad, lo dote de herramientas de enseñanza, de adecuadas condiciones laborales, de calidad de vida y de justa remuneración.
Por eso, consideramos saludable todo proceso que ayude a atender las preocupaciones de índole constitucional, o de prerrogativas del secretario Educación y de representación magisterial, surgidas en las vistas públicas de la Comisión de Educación cameral sobre el proyecto que propone la creación de una comisión multisectorial que supervisaría los procesos conducentes a la elaboración del plan educativo.
Abren esas puertas los esfuerzos que realiza el secretario de Educación, Rafael Román, quien anunció que se halla hombro con hombro con la Mesa de Trabajo de Educación proponente del proyecto, en la seguridad de que, de manera consensuada, se haga realidad la verdadera reforma educativa articulada en un plan decenal. Una reforma aglutinadora y de iniciativa ciudadana que saque el proceso educativo del capricho partidista que lo corroe de cuatrienio en cuatrienio.
Coincidimos con las voces que plantean que la participación determinante de todos los integrantes de la comunidad escolar -estudiantes, maestros y padres- es clave para garantizar el reavivamiento de nuestro sistema educativo público, pero del mismo modo insistimos en que debe haber una participación amplia de todos los sectores de la ciudadanía en la confección del plan que lo haga posible.
Igualmente, tal transformación del sistema escolar sólo podrá sostenerse sobre bases de pulcritud y de prioridades claras, garantizando que, en vez de quedar rehén de la politiquería, la burocracia y la corrupción, el presupuesto combinado de alrededor de $4,000 millones se traduzca en recursos eficientes para la enseñanza.
Urge entonces que, como lo planteara el secretario Román en la vista pública cameral, la iniciativa redunde en un plan con metas concretas, que defina el perfil del estudiante y las escuelas que se busca promover, la preparación del cuerpo docente, los servicios de educación especial y la inserción de los currículos académicos en el mundo laboral de hoy, en la necesidad de competitividad que tiene el País.
El camino, como hemos advertido editorialmente en más de una ocasión, está plagado de escollos, principalmente provenientes de estructuras político-sociales que todavía entienden que solamente necesita “ajustes” y “aplicación” de la Ley de Educación un sistema que, aun con todos los recursos, es injusto con sus maestros y sus estudiantes y que tiene en situación de fracaso académico a más de 1,300 de sus 1,461 escuelas.
Cambiar esta realidad no puede lograrse con retoques cosméticos ni haciendo lo mismo. Ni dejando las mismas condiciones que impiden el advenimiento de currículos que ayuden a formar estudiantes y profesionales con visión de país. Ni perpetuando el poder de estructuras grupales que sólo ven a Educación como fuentes de favoritismo.
De la voluntad patriótica de todos -comunidad escolar, Gobierno y sociedad civil- dependerá el éxito un plan decenal de educación que surja del proceso. Con fuerza de ley, debería garantizarles un futuro esperanzador y brillante a nuestros niños.
Por: Editorial El Nuevo Día
Publicado en El Nuevo Día el 11 de febrero de 2013