NO MÁS ENGAÑOS CON EL GASODUCTO

El Gobierno debe ponerle punto final definitivo a la engañosa trama que rodea la construcción del gasoducto, retirando la solicitud de permisos que mantiene ante el Cuerpo de Ingenieros y evitando incurrir en mayores gastos e irregularidades que sólo acarrean perjuicio e inquietud para el País.
Amás de seis meses de que el gobernador Luis Fortuño le pidiera a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que indagara en otras alternativas para transportar gas natural, y cuando dichas alternativas ya habían sido discutidas y plenamente identificadas, surge la denuncia de que esta Administración sigue insistiendo en obtener los permisos para construir la llamada “Vía Verde”.

El contenido de una carta escrita por el secretario del Ejército de Estados Unidos, John McHugh, es claro en dos aspectos fundamentales: que el Gobierno se mantiene gestionando la autorización para construir el gasoducto y que la subsecretaria del Ejército, Jo Ellen Darcy, nunca recomendó mantener activa la solicitud de los permisos, como sugirió el gobernador.

La carta, revelada por Casa Pueblo de Adjuntas, deja al descubierto la estrategia de un doble discurso que, por un lado, hace creer al pueblo que el gasoducto ha sido descartado y, por el otro, sigue a todo tren el cabildeo para que le den luz verde y acometer los trabajos, si eso fuese posible, tan pronto pase el año electoral.

La historia del gasoducto está en camino de convertirse en una crisis de corrupción de alta densidad y largos tentáculos. Sólo hay que pararse a pensar en el dineral invertido hasta la fecha -unos $80 millones-, y la ligereza con que se extendieron contratos para estudios, expropiaciones y campañas de publicidad. Todo esto cuando ni siquiera tenían ni el menor atisbo de un permiso federal para tirar las 92 millas de tubo que estaban programadas. Un tubo que atravesaría -y que todo aparenta que todavía pretenden atravesar- por zonas densamente pobladas o de alto valor medioambiental.

Podría haber algo más que obstinación en todo esto. Y un elemental análisis de la conducta del Gobierno, así lo confirma. A mediados del pasado mes de junio, el gobernador recibió un informe que recomendaba, entre otras cosas, alternativas para reducir nuestra gran dependencia de los combustibles fósiles como el petróleo. A esos efectos, se le propuso acelerar la conversión de plantas generadoras de energía, y utilizar grandes buques para almacenar y regasificar el gas natural licuado. Esto, como medida de transición en lo que se consolidaban otros planes para la producción masiva de energía renovable.

Científicos y especialistas en el tema indicaron que, mediante ese sistema de barcazas y conducción submarina, Puerto Rico estaría en condiciones de producir, para 2014, las dos terceras partes de su energía a base de gas natural. El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Ortiz, reconoció que ese sistema costaba menos y no había que expropiar a nadie.

El Gobierno hizo silencio y el pueblo descansó en la esperanza de que el gasoducto definitivamente había sucumbido.

Ahora surge que esa esperanza fue traicionada y que, tras bastidores, en una movida que sigue costando dinero, y de la que tal vez se lucren personas o empresas determinadas, la amenaza del gasoducto sigue vigente.

Frente a eso, la indignación de la gente es legítima y el reclamo, tan rotundo como el primer día: hay que parar el gasoducto, de una vez por todas, y con plenas garantías de que no se volverá a intentar ponerlo en marcha.