Tarea de todos la seguridad pública
La violencia criminal y la economía, ligadas entre sí, fueron los temas de mayor preocupación y discusión pública durante la reciente campaña eleccionaria. El gobernador electo Alejandro García Padilla y los demás candidatos le presentaron al País muchas propuestas para lidiar con la alta tasa de asesinatos, un problema complicado en años recientes por la recesión económica y el crecimiento sin control del narcotráfico.
Fracasada una gestión de cuatro años, es clave hilar con juicio para que de una vez por todas se supere la improvisación en esta lucha tan crucial. Porque la respuesta no puede ser solo con las medidas punitivas conocidas que castiguen a los delincuentes y hagan justicia a las víctimas, sino también con soluciones que atiendan el contorno social y educativo de nuestros niños y jóvenes, donde radica la raíz del problema.
El ataque a tiros contra el Macho Camacho y un acompañante continuaba bajo investigación; y fue uno de varios casos de homicidios en la semana, incluyendo diversos dobles asesinatos, en el País.
Todos esos casos deben servir para dramatizar la situación de inseguridad ciudadana en la que vivimos todos y para retomar, con la urgencia que amerita, una conciencia que parecía haber sido reemplazada en semanas recientes por la euforia post electoral.
No podemos aceptar, como hemos reiterado en muchas ocasiones en este espacio, que elementos del bajo mundo sean los que impongan el orden social en nuestras comunidades, porque ello equivaldría a permitir que los narcotraficantes construyan un poder paralelo al del Estado y controlen la vida de los ciudadanos.
Para ello, debemos reenfocar la lucha contra la criminalidad y basarla en políticas salubristas como las propuestas por la Agenda Ciudadana 2012, que tanta aceptación tuvieron entre los candidatos y, específicamente, en el gobernador electo, García Padilla.
En su programa de gobierno, que deberá comenzar a implantarse en enero, el Partido Popular Democrático (PPD) integró las propuestas de apoderamiento comunitario y de desarrollo socioeconómico para atender, con otra óptica, los asuntos de la seguridad pública.
Coincidió, igual que los demás partidos, en darle un enfoque salubrista a la adicción a drogas, que ha probado ser efectivo en otros países mientras Puerto Rico ha mantenido un enfoque fracasado, fundamentalmente punitivo.
La violencia y la adicción a drogas tienen que ser atacadas como lo que son: cruciales problemas de salud pública y, por lo tanto, prevenidas usando la educación como herramienta principal.
Hay que reformular las políticas anticrimen hacia planes proactivos con participación indispensable de las comunidades, que deben tener voz no solo en la discusión de las ideas, sino también en el proceso de ponerlas en vigor.
Ese es el gran reto que se les presenta al nuevo gobierno y al País en lo que respecta a combatir efectivamente la criminalidad: entender que solo podrá lograrse si se escucha a los ciudadanos y se les integra plenamente a esta lucha, al nivel que ellos reclaman y merecen.
Porque restablecer en Puerto Rico un clima y un sistema de seguridad pública es responsabilidad del gobierno y es tarea de todos.
Publicado: El Nuevo Día