Visión Limpia en el Futuro Ambiental
Por: Editorial de El Nuevo Día
Para que le sirva de estrategia de planificación hacia un país ecológicamente sustentable, Puerto Rico debe adoptar un Plan Ambiental Nacional que le trace rutas al manejo de sus áreas energéticas, de disposición de desperdicios sólidos y producción, en balance irrestricto con la conservación.
Esta propuesta fundamental de la Agenda Ciudadana 2012 tiene que ser valorada e integrada, con voluntad de cumplimiento y compromiso, a los programas de los partidos que se disputarán la administración del gobierno en noviembre próximo.
El momento para articular una política igual es ahora, cuando enfrentamos distintos escenarios que amenazan la integridad y el futuro de la Isla.
Una simple ojeada a la trayectoria que se ha seguido en el País con respecto a nuestros recursos naturales, resultará en la más deprimente conclusión: ha habido un retroceso significativo. Y la manera en que se está coartando la participación de los ciudadanos, suprime derechos fundamentales y abre las puertas a una debacle ambiental.
En enero pasado, el Tribunal Supremo revocaba al Tribunal Apelativo en una decisión que prohibía otorgar permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste, decisión que catalogamos, desde este mismo espacio, como un error de proporciones históricas.
Dos meses después, el pasado marzo, el Supremo volvía a revocar al Apelativo, esta vez desestimando pleitos de ciudadanos que alegaban daños por la propuesta construcción del Gasoducto. El hecho de que estas decisiones provengan del más alto foro judicial, prácticamente aniquila las aspiraciones y la capacidad de respuesta de las comunidades.
El panorama se complica todavía más porque, al margen de esas decisiones, se va levantando una pared legal que obstaculiza los reclamos, las movilizaciones, y hasta las medidas temporeras en beneficio de los ciudadanos que se querellan por atropellos ambientales. En el fondo, la gran laguna -la ausencia insólita en el Puerto Rico moderno- es la de un Plan de Uso de Terrenos que promueva ciudades lógicas, autosuficientes y ordenadas, y que preserve las tierras de valor ecológico y agrícola. Ese plan sigue siendo un reclamo prioritario de la Agenda Ciudadana.
Mientras tanto, y como parte de la vida diaria, subyace el abandono y la falta de proyectos educativos o comunitarios que vayan dirigidos a fomentar unos modos de vida más amigables con el ambiente, pensados de acuerdo a nuestra limitada realidad geográfica. La política de reciclaje está en punto muerto, con la excepción honrosa de algunos limitados proyectos municipales. Pero para que el reciclaje sea efectivo, tiene que ser parte de una estructura abarcadora, que incluya a los sectores industriales y comerciales.
La ética de un desarrollo dirigido a tender lazos de armonía con la Naturaleza, que apele a las fuentes de energía renovable y que, sobre todo, sepa aprovechar nuestros recursos como incentivo turístico, tiene que darse en un plano de masivo apoyo gubernamental, con legislación fuerte y parámetros que incluyan el rigor científico y las modernas tendencias de desarrollo sustentable. A esos efectos, es trascendental que Cámara y Senado hayan aprobado el proyecto de ley que protege el Corredor Ecológico del Noreste, pendiente sólo de la firma del Ejecutivo. No hay contradicción entre un país que encara con orgullo la defensa de su medio ambiente y a la vez fomenta un crecimiento económico de responsabilidad social.
Se trata, además, de un desafío para las instituciones gremiales y educativas, que pueden y deben retar a los partidos para que incluyan nuevas ideas en sus respectivas plataformas. Los ciudadanos, en su carácter individual y colectivo, deben organizar su participación. Porque todos debemos ayudar al País a superar su vulnerabilidad ambiental, dando un firme paso al frente.
Tomado de: El Nuevo Día (27 de mayo de 2012)