Cuidado con minar el bosque modelo
El Bosque Modelo Nacional debe ser creado en ley según fue conceptualizado por un equipo científico y multisectorial encabezado por Casa Pueblo de Adjuntas y según quedó plasmado en un proyecto presentado a la Legislatura por el gobernador Alejandro García Padilla.
Desvirtuarlo en el trámite legislativo a fuerza de desinformación, temores infundados y enmiendas improvisadas sería minar un potencial modelo de desarrollo sustentable para Puerto Rico.
Es cierto que el proceso legislativo está para discutir a fondo todo proyecto, someterlo a enmiendas, enriquecerlo. Pero, zarandearse con los vientos de la improvisación, como han hecho en las vistas importantes funcionarios de Gobierno, como la secretaria de Agricultura, termina confundiendo a vecinos y agricultores sobre lo que en esencia contempla la medida sobre el uso de las tierras que demarcan el Bosque Modelo.
El proyecto del Bosque Modelo, una idea a la que diversos sectores, encabezados por el científico y catedrático Arturo Massol Deyá, dedicaron más de un año de trabajo serio, tiene como propósito impulsar el desarrollo sustentable de extensas áreas que ahora carecen de coherencia administrativa. Dicho Bosque se extendería desde Cabo Rojo hasta Vega Baja, cubriendo la bahía y otras áreas de Guánica, la zona central del País y sectores de la costa norte. En definitiva, 390,000 cuerdas de terreno repartidas en los predios de 20 municipios del País y que incluyen diecinueve áreas sensitivas, de altísimo valor ecológico. Nos referimos a diferentes reservas que quedarían integradas a un concepto más específico y organizado.
Las audiencias públicas que llevan a cabo dos comisiones camerales para valorar los diversos ángulos del proyecto Bosque Modelo, han sacado a flote no sólo las diferencias lógicas que pueden surgir de un plan tan abarcador, sino que han desatado los problemas de incomprensión que tradicionalmente erosionan los esfuerzos de conservación medioambiental.
Durante una de las audiencias, el alcalde de Sabana Grande, Miguel Ortiz Vélez, recalcó que existe incertidumbre en la población del área, ya que los vecinos no saben si se impondrán restricciones a los terrenos agrícolas o si serán expropiados. Sabe perfectamente el alcalde que el proyecto de Bosque Modelo, según lo descrito por el gobernador, no altera la zonificación de los terrenos, y que la meta no es expulsar a los residentes, sino lograr una acción concertada para que las comunidades, con sentido de pertenencia, saquen provecho socioeconómico de sus recursos sin contaminarlos o devastarlos.
Es obvio que dentro de un panorama de inseguridad alimentaria donde hoy como nunca es preciso reforzar la producción de alimentos a nivel local, el Gobierno está en el deber de apoyar a los agricultores y salvaguardar los terrenos agrícolas. En ese sentido puede entenderse que la titular de Agricultura, Myrna Comas, que participó en el comité multisectorial, impulse cambios. Pero alimentar dudas sobre aspectos que la propuesta no contempla, como la alteración del uso de terrenos con potencial agrícola, no es digerible.
El tema de la agricultura, meridianamente claro para todos, no debe servir como punta de lanza para menoscabar el proyecto del Bosque Modelo, que define el balance entre la conservación, el desarrollo de infraestructura adecuada y producción agrícola. Porque siendo la Isla tan limitada en su extensión geográfica, es esencial que, junto con el Plan de Uso de Terrenos que también empieza a discutirse en estos días, se concreten las bases de un marco legal para proteger y a la vez desarrollar la relación de las comunidades con su entorno.
El Bosque Modelo impulsa la conservación y el desarrollo agrícola y, como planteara Massol, se trata de “un proyecto verdaderamente de pueblo, que nace de la autogestión comunitaria y que se escribió con décadas de luchas defendiendo la infraestructura verde de nuestro país”.
Por: Editorial El Nuevo Día
Publicado en El Nuevo Día el 9 de febrero de 2014