En pos de un país seguro

El primer Plan Nacional de Seguridad producto de los diálogos transectoriales convocados por la Fundación Agenda Ciudadana, presentado ayer, tiene como objetivo reducir la incidencia criminal en un 25% en los próximos cinco años.

El plan está sostenido en un conjunto de iniciativas, investigaciones y sabidurías que desde hace algún tiempo desarrollaron varios sectores de forma independiente. Pero todas esas “experiencias y saberes” –como se le llamó ayer en varias ocasiones durante la conferencia de prensa realizada en la biblioteca del Tribunal Supremo– necesitarán del aparato gubernamental para ponerlas en práctica.

Agenda Ciudadana existe desde hace cinco años con el compromiso de confeccionar un plan de país centrado en seis ejes primordiales: educación, salud, ambiente, familia, desarrollo socioeconómico y seguridad ciudadana.

“Es un espacio de concertación social donde se proponen soluciones medibles a mediano, a corto y largo plazo”, dijo el director general de El Nuevo Día y Primera Hora, Luis Alberto Ferré Rangel.

Con eso como norte, los grupos que trabajan junto a Agenda Ciudadana buscan adoptar un plan decenal de educación, diseñar un plan nacional de salud y la integración de sectores sociales para el desarrollo económico del país.

Para lograr desarrollar el Plan Nacional de Seguridad se reunieron grupos heterogéneos que intercambiaron sus ideas sobre cómo se puede prevenir la violencia y crear un Puerto Rico más seguro.

Además, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de Chile, adoptada en el 2006, sirvió de base para el diálogo encaminado por diversos sectores del país. En la creación de ese plan hubo participación ciudadana en todos los niveles y se establecieron metas concretas con un modelo holístico. Se abordaron las causas de la violencia, el delito y el temor, y se establecieron mecanismos para la rendición de cuentas.

Según Ivonne Lozada, portavoz del Instituto de Política del Sistema Ana G. Méndez, otros países se han enfrentado al reto que tiene Puerto Rico en el área de seguridad y son ejemplos a mirar localmente.

Identificados los aciertos

La directora de Agenda Ciudadana, María de Lourdes Lara, dijo que tras intercambiar ideas identificaron los recursos que tiene el país, lo que funciona, lo que falta y las políticas públicas implantadas en otros países.

“Vamos a recoger lo que está funcionando. Vamos a atender lo que ha funcionado en otros países. Vamos a ver dónde están los cabos sueltos. Vamos a revisar esas políticas públicas que ayudan y que desayudan. Ese es el trabajo que se está iniciando desde hace algún tiempo desde Agenda Ciudadana”, precisó.

Según dijo se está iniciando un proceso para atender el país como país con la expectativa de que el impacto se multiplique.

Propuestas concretas

El plan incluye alianzas multisectoriales en los municipios para atender a las víctimas del crimen, recopilar información y estadísticas certeras sobre la violencia en el país, fomentar la prevención y la cultura de paz, así como identificar mecanismos a nivel municipal para atender las necesidades familiares y comunales.

También el plan comprende duplicar en un año la cantidad de salas especializadas en casos de drogas y violencia doméstica, poner en práctica un programa salubrista con doce centros de medicación para personas con adicción a drogas y ocho centros para asistencia a víctimas bajo un enfoque holístico.

Estas propuestas son “complejas” y ocuparon un espacio en el debate eleccionario, destacó Ferré Rangel.

“Todos los partidos conocieron el trabajo de Agenda Ciudadana. Compartimos con ellos nuestras propuestas, así que no son extraños para la administración entrante los planes propuestos por Agenda Ciudadana”, dijo.

“En este tema en particular todavía falta trabajo por hacer, o sea, que nosotros en Agenda Ciudadana no estaremos listos todavía a este corto plazo para sentarnos con la administración entrante y decir ‘esto es lo que estamos proponiendo’. Todavía hay que trabajar un poco más, Sin embargo, se ve la filosofía detrás del pensamiento ciudadano”, agregó.

Camino a los cambios

Para mediados del primer trimestre del próximo año se perfila –tras reuniones en las que se afine más el plan– entregar el documento a la administración entrante de gobierno.

En el ínterin, ya hay conceptos claros del Plan Nacional de Seguridad. Por ejemplo, el sociólogo Salvador Santiago, quien formó parte de la iniciativa y los diálogos, explicó que para lidiar con el narcotráfico y los problemas que acarrea como la violencia y el encarcelamiento, hay qua cambiar el paradigma actual.

Dijo que el país debe dirigirse hacia un enfoque salubrista más que al punitivo, que prevalece hoy. A modo de sostener tal argumento, explicó que se sabe que de 365 días del año, unos 237 son usados por los adictos activos para cometer crímenes. Además, por cada $1 que invierte el país en persecución de lo que llamó “el narcomenudeo”, solamente se ahorran 52 centavos en costos sociales.

Afirmó que si se invierte ese mismo capital en tratamiento y prevención, se ahorraría $7.48”.

“Bueno pues ahí tienes un dato científico, avalado por el Gobierno federal, que te dice que la inversión en tratamiento y en prevención es mucho más costo efectiva que la persecución del narcomenudeo. Entonces, ¿dónde vas a invertir en el narcomenudeo o en tratamiento?”, cuestionó.

Para el sociólogo, el paradigma debe estar orientado a que se tenga calidad de vida y a mirar los costos sociales.

El presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton se mostró satisfecho con el Plan Nacional de Seguridad porque es cónsono con el Plan Estratégico de Justicia y Servicio de la Rama Judicial, en referencia a que se dupliquen en un año la cantidad de salas especializadas en casos de drogas y de violencia doméstica.

“Este servidor tiene un serio compromiso con eso. Le doy una gran bienvenida a este tipo de esfuerzo”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales dijo que “hay una necesidad urgente de juntarnos para trabajar”.

“Mientras ustedes existan, nosotros vamos a estar detrás”, afirmó.

Publicado: El Nuevo Día
Por Gloria Ruiz Kuilan / [email protected]

Comments

  1. La seguridad es un derecho humano imprescindible
    Por: Victor de Leon

    Es una condición necesaria para el desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida y acrecentar productividad. Cuando las comunidades no se sienten seguras y viven en temor, el desarrollo económico del país y el bienestar de la gente es afectado – impidiendo su habilidad de alcanzar su potencial.

    Es una realidad que los altos niveles de criminalidad en Puerto Rico han frenado el desarrollo económico y social del país. Los crímenes violentos, crímenes de contacto y crimines a la propiedad son tan común que muchos Puertorriqueños viven en temor. Cuando la gente se siente insegura se hace más difícil para ellos perseguir sus metas personales, y tomar parte en actividad social y económica.

    A pesar que en ocasiones las estadísticas de criminalidad ofrecidas por el gobierno demuestra una baja, especialmente en los asesinatos, los números continúan siendo inaceptablemente altos.
    La seguridad está directamente relacionada con el desarrollo socioeconómico y equidad, afectando el desarrollo de objetivos de crecimiento económico y transformación, creación de empleo, mejora de la educación y los resultados de salud y fortalecimiento de cohesión social.

    A pesar que existen eslabones entre los índices de alto nivel de pobreza y los niveles de crímenes, el crimen está atado a mucho más que la pobreza. La mayoría de la gente pobre no recurre a la criminalidad. Son más bien los que lavan dinero, trafican con drogas y armas. Estos criminales no son necesariamente de comunidades pobres, como ha sido evidente recientemente.

    Nuestra aspiración debe ser a un Puerto Rico donde no tengamos que tener temor de la criminalidad. Donde estemos seguros en nuestros hogares, en la escuela, en el lugar de empleo y donde disfrutemos de una comunidad libre de criminalidad.

    Continuaré con este tema en la próxima semana.