La Salud, Derecho Constitucional

Editorial
La implantación de un sistema universal de salud, dirigido a la prevención, a través del cual la población reciba el servicio como un derecho constitucional, debe ser acogida como proyecto prioritario de quienes aspiran a gobernar a partir de noviembre y entienden el alcance social de esta propuesta de la Agenda Ciudadana 2012.

Porque esta propuesta articulada en el ciclo de los Foros Ciudadanos del 2011 es integral y atiende las necesidades esenciales de toda la población. Se basa, en primer lugar, en la urgencia de transformar el actual sistema público para que, con ese revestimiento constitucional, el servicio sea protegido por un marco mucho más poderoso que los vaivenes políticos y los desastres de política fiscal.

En el aspecto práctico, la propuesta prioriza programas preventivos; de igual forma, pone en primer plano la reformulación de servicios de tratamiento, hospitalización y acceso a medicamentos mediante la adopción de una ley que siente las bases para la creación de un sistema universal de salud. Se trata de un sistema que descarte el actual enfoque reactivo, diseñado para reciclar y administrar enfermedades, no para promover la salud.

Este consensuado marco de referencia proyecta, como elemento clave del propuesto sistema, el mecanismo de “pagador único” como el más efectivo vehículo para reducir los costos administrativos, aumentar la eficiencia de la distribución y del manejo de los recursos públicos y, por extensión natural, de los pagos, servicios y procesos.

La figura del pagador único en la que los sectores ciudadanos han depositado su confianza tendría como una de sus consecuencias más importantes la eliminación del poder casi irrestricto que hoy tienen los criterios de la ganancia y la contabilidad para cambiar, incluso, los diagnósticos médicos, así como el tipo y la cantidad de tratamiento que debe recibir un paciente. Por eso, su implantación tiene que ir de la mano de una nueva reglamentación que descarte la burocracia que al presente retrasa los procesos y resulta en el censurable racionamiento del acceso a atención primaria y medicamentos, tratamientos de enfermedades crónicas y terapias alternativas.

Una propuesta de justicia social como ésta no puede arrancar sin que se extirpen del sistema otros dos tumores cancerosos: la centralización de los servicios y la injerencia de los intereses partidistas en la adjudicación de prioridades y la toma de decisiones.

La despartidización del Departamento de Salud y de sus servicios se hace en este contexto imprescindible para dar paso a un sistema de acceso universal a la salud, administrado por una junta transectorial con participación amplia de pacientes, profesionales, comunidad, Gobierno y otras instituciones.

Conscientes del poder transformador de la educación, la Agenda Ciudadana propone igualmente revisar y actualizar los currículos en los centros educativos con miras a que la preparación de los profesionales de la salud se ajuste a las nuevas tendencias, colocando sobre grupos ciudadanos, medios de comunicación, academia y organizaciones no gubernamentales, en alianza con el sistema educativo, la importante tarea de diseñar y ejecutar campañas de difusión para garantizar a la ciudadanía otro importante valor: el conocimiento sobre estilos de vida responsables y preventivos.

Son, como puede verse, soluciones a los problemas de salud que se pueden implantar si hay voluntad gubernamental. Quedan invitados los partidos a incorporar en sus programas estas propuestas transformadoras, que son claves en la construcción de una sociedad saludable.

Tomado de: El Nuevo Día (10 de mayo de 2012)