Toma forma plan de seguridad

Los lineamientos para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria comenzaron a definirse en un diálogo transectorial convocado por Agenda Ciudadana en octubre pasado. En la foto, las mesas de trabajo de aquel diálogo. (Archivo)

Más de un centenar de organizaciones y ciudadanos en su carácter individual dan los toques finales a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria, que tiene como meta principal convertir a Puerto Rico en uno de los países más seguros del mundo en un plazo de diez años.

Liderado por una comisión ciudadana compuesta por más de una decena de organizaciones y expertos, el esfuerzo aspira a que el plan sea convertido en un proyecto de ley que defina la política pública sobre ese tema.

Es la primera vez que en Puerto Rico se genera un plan que aborda el problema de violencia y de inseguridad social de manera integral, es decir, desde sus causas hasta sus consecuencias en todos los niveles de la sociedad. Para ello, el plan se basa en siete ejes centrales: prevención, control y sanción, equidad, institucionalidad, asistencia a víctimas, información y rehabilitación, y reinserción social.

Las estrategias esbozadas por la comisión ciudadana en un borrador del plan fueron validadas por el grupo más amplio de organizaciones el mes pasado en una asamblea en la que deliberaron y concertaron el contenido.

Myra Rivera, presidenta de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (Alapas), organización miembro de la comisión, destacó que la estrategia es innovadora al proponer alternativas, opciones, líneas de acción viables a corto, mediano y largo plazo, y contar con fuertes componentes de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Por su parte, Samuel Figueroa, director de la Comisión para la Prevención de la Violencia (Coprevi), abundó que también es innovadora porque surge de la participación ciudadana, que es el involucramiento de los diferentes sectores de la ciudadanía en los procesos de gestión pública.

Para que ese proceso de participación se dé, es necesario reconocer y desarrollar las capacidades y habilidades en la ciudadanía como actores principales en la transformación social, por derecho y no por privilegio.

Según Figueroa, tal acción constituye un ejercicio de gobernanza democrática en el que la ciudadanía recobra sus espacios de participación y genera modelos, visiones, estrategias y alternativas para atender las situaciones que le afectan.

Coprevi es también parte de la comisión ciudadana que ha reconocido que cualquier forma de violencia representa un obstáculo en el ejercicio pleno de una ciudadanía democrática.

Proceso al fin, la Estrategia de Seguridad no surgió de forma espontánea. Para lograrlo, las organizaciones y ciudadanos participantes crearon su propio espacio de reflexión y deliberación. Para darle continuidad, fue necesario que el grupo cultivara un conjunto de aptitudes que viabilizaran el trabajo colectivo. Entre esas competencias ciudadanas destacan la disposición a la escucha activa, a la apertura y el respeto hacia los diversos saberes que aporta cada persona, la disponibilidad a negociar posiciones y contenidos.

“El proceso nos llevó a evaluar e integrar nuestras posiciones, porque todos veníamos de experiencias, disciplinas y perspectivas muy distintas, y el encontrarnos hizo que el trabajo fuera más completo, más participativo, montado sobre una visión respetuosa de la colaboración”, expresó Figueroa.

El director de Coprevi y la presidenta de Alapas destacaron que el uso y el manejo de las herramientas tecnológicas facilitaron el trabajo colectivo, así como llevar a cabo investigaciones para informarse de iniciativas y modelos exitosos implantados en otros países y que pueden ser adaptados para atender los contextos sociales particulares en el país.

Ambos identificaron como ganancia para la democracia la apertura de estos espacios para el diálogo, el análisis y la deliberación, así como las prácticas colaborativas que reconocen las contribuciones de todos los sectores de la sociedad civil y que, en el caso del esfuerzo sobre seguridad, desembocaron en la elaboración de la Estrategia Nacional.

Para Rivera, quien se mostró esperanzada en que la estrategia sea adoptada e implantada como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, participar de este proceso es cumplir con su responsabilidad social como ciudadana competente. “Cuando empezamos a trabajar este proyecto lo hicimos en memoria de todas las víctimas del crimen, sabiendo que no es una estrategia que genere cambios inmediatos, sino para dejar un legado para futuras generaciones de un país de paz”, expresó.

Por: Neyra Toledo Osorio

Publicado en El Nuevo Día el 16 de mayo de 2013