En esta materia, Puerto Rico está rezagado cuando se comparan sus leyes con las de otros países del mundo que se distiguen por sus prácticas de gobernanza, revela un estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo.

“Esta legislación no contiene definiciones operacionales claras, no considera los asuntos fiscales, es fragmentada y no contiene elementos para asegurar el cumplimiento y la obligatoriedad”, señala el estudio sobre el estado de la situación jurídica de la transparencia y rendición de cuentas en Puerto Rico, presentado ayer a la Junta Editorial de El Nuevo Día.

En otras palabras, el principio de que la información pública sobre la gestión gubernamental debe estar disponible a la ciudadanía de manera sencilla y rápida se pierde en esas leyes “desarticuladas” y “fragmentadas”. Y los pocos estatutos que tratan este asunto se enfocan en aspectos punitivos.

A esto se suma que un análisis de la legislación vigente evidencia que existe una excesiva burocracia gubernamental que impide que se cumplan con normativas de la Oficina del Contralor, de la Oficina de Ética Gubernamental y del Inspector General, entre otras, sobre este tema.

“Desde la perspectiva del ciudadano común, la burocracia se percibe como el ejercicio de una administración que entorpece y dilata la gestión gubernamental poniéndole trabas al ciudadano en el ofrecimiento de los servicios básicos a los que está obligado a prestar. Por otro lado, la burocracia también es producto de la no participación de la sociedad en la toma de decisiones, ya sea por indiferencia o porque el sistema está diseñado para que el gobierno actúe de manera autocrática”, lee otro de los hallazgos del estudio.

Esta situación es una de las peores consecuencias de la falta de transparencia gubernamental, se advierte en el estudio. Se parte de la premisa de que a falta de participación ciudadana, mayor es el envolvimiento burocrático del gobierno.

Listo un anteproyecto

Fruto de este importante estudio es un anteproyecto de ley que podría ser presentado en la Legislatura en esta sesión legislativa, adelantó ayer la directora del Centro de Gobernanza y Política Pública de la Universidad del Turabo, Eneida Torres de Durand.

“¿Qué estamos recomendando? Una legislación integrada primeramente, una legislación mucho más dirigida a que el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas pueda ser medible, que pueda estar disponible para que los ciudadanos participen y que el no cumplimiento con la legislación pueda tener unas repercusiones”, detalló Torres de Durand, quien estuvo acompañada de los profesores Saúl Pratts y Rafael Durand Aldea.

Torres de Durand insistió en que hay que promover la transparencia presupuestaria que contribuya a generar una discusión más educada que ayude a establecer las prioridades de gobierno que son necesarias impulsar.

“Además, recomendamos gestionar la creación de una base de datos central que requiera que esa política pública de digitalización tenga unos estándares, que la información que recojamos sea estandarizada y que hayan unos indicadores y unas métricas para que todos le podamos dar seguimiento al cumplimiento con ellas”, abundó.

La académica sostuvo que la educación a la ciudadanía es necesaria e imprescindible. “No tenemos ciudadanos educados para la involucración en estos procesos y tenemos que ir logrando involucrarlos”, expresó.

Las claves

El anteproyecto busca que se establezca la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública, así como la regulación de su implementación.

La exposición de motivos del anteproyecto indica que en los países con mejores prácticas de gobernanza se observan varios factores. En primer lugar, estos países tienen una legislación integrada y coherente que establece parámetros claros de cumplimiento y obligatoriedad de la transparencia y rendición de cuentas.

En segundo lugar, la transparencia presupuestaria está claramente establecida en los estatutos aprobados como requisito indispensable para la rendición de cuentas.

Por último, la legislación provee los protocolos requeridos para que la información pertinente se actualice periódicamente y se provea acceso a través de sistemas computarizados.

Acceso a la información

El anteproyecto también enumera los principios básicos para el acceso a la información que requieren que la información sea completa, que la divulgación sea pertinente y que no esté sujeta a normas de confidencialidad amplias u otras limitaciones.

Asimismo, se mencionan como otros principios básicos que la disponibilidad de la información sea lo más amplia posible, que el acceso sea indiscriminado y que nadie tenga control del formato de los datos.

“Los países que han adoptado la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismo de enlace y comunicación con los ciudadanos han recobrado la confianza de estos en las instituciones públicas y propiciado las condiciones adecuadas para la formulación de política pública, la toma de decisiones y la participación ciudadana en los procesos gubernamentales”, se añade en la exposición de motivos del anteproyecto.

Se establece, además, que al fortalecerse la confianza ciudadana y la credibilidad de las autoridades públicas en otros países, el sector privado y empresarial y no gubernamental “se ha visto motivado a crear nueva actividad económica, invertir en proyectos de desarrollo, crear riquezas y generar empleos que redundan en el aumento del valor público o capital social”.