La transparencia que exige el país
Un estudio sobre la situación jurídica de la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno, presentado este miércoles a nuestra Junta Editorial por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, y reseñado ayer por El Nuevo Día, hace evidente que la Isla sufre un grave rezago en lo concerniente a aspectos decisivos, que incide directamente en la calidad de vida y la competitividad en el mercado internacional.
La percepción de los niveles de corrupción, la rendición de cuentas y otros factores relativos a la responsabilidad institucional, se hallan en decadencia, y el País necesita de sus líderes algo más que retóricas promesas de enmienda.
La transparencia, que significa información pública sobre la gestión gubernamental y que se traduce en un sistemático monitoreo, a través del cual se piden explicaciones y se fijan responsabilidades, se ha visto menoscabada durante décadas por maniobras de miembros de la clase política, en especial funcionarios del Ejecutivo, municipales y legislativos.
Desde la década del 50 hasta el presente, se han aprobado al menos 234 leyes que, en su origen, fueron concebidas para preservar la intachabilidad y la apertura de los procedimientos gubernamentales. La mayoría de esas leyes, hoy por hoy, son letra muerta. La manera es que se burlan los reglamentos, se escamotea la información, se encubren estadísticas, o se miente sin tapujos acerca de asuntos trascendentales para el ciudadano, ha producido, como mínimo, un abismo entre la sociedad real y el valor de la gobernanza en Puerto Rico.
Cada vez son más los que opinan que el País es ingobernable y que existe toda una estructura destinada a mantener desinformado o confundido al ciudadano medio.
Hechos recientes como el de los referidos falsamente investigados en el Departamento de la Familia; el encubrimiento de información sobre muertes en el Hospital Regional de Carolina; la adulteración de estadísticas en la Policía, u otros casos de distinto perfil, pero igualmente perjudiciales a la confianza pública, como los aumentos en el salario de los alcaldes o las remodelaciones “cosméticas” en edificios de un gobierno en crisis, crean un espacio enrarecido que afecta el clima de inversiones y la proyección internacional del País.
El estudio del Centro de Gobernanza de la Universidad del Turabo, que no se limita sólo a la exposición de los hechos, sino que aporta un anteproyecto de ley concreto, para ser examinado y trabajado en ambas cámaras legislativas, es un instrumento válido que expone tanto las prioridades estratégicas, como el marco institucional que es preciso crear para lograr el resto: parámetros de cumplimiento, intercambio fluido y certero de información, y unos mecanismos de fiscalización rigurosos.
El aspecto psicosocial de esta transformación debe ser parte de ese marco institucional. Hay que propiciar una vuelta al viejo adagio de los hechos (en este caso, perjudiciales al desarrollo y el despegue del País) y las consecuencias. Es decir, persuadir a la población, sobre todo a su clase gobernante, de que los delitos serán perseguidos y sancionados.
Pero más allá de lo punitivo, hay que impulsar todo proceso que contribuya a crear un clima en el que la pulcritud no sea la excepción, sino la regla inviolable en la gestión pública y todos los demás órdenes de nuestra vida como sociedad.
Por: Editorial El Nuevo Día
Publicado en El Nuevo Día el 20 de septiembre de 2013