Por: Laura N. Pérez Sánchez

La presencia  de ciudadanos independientes en las juntas de corporaciones públicas ofrece a esos cuerpos rectores la oportunidad de contar con personas que traigan una visión distanciada de las costumbres gubernamentales.

Esto, según conocedores del mundo de las corporaciones públicas, beneficia a la entidad y, por ende, a los ciudadanos, puesto que en muchas ocasiones se trata de expertos  en el área de trabajo de la corporación que pueden estar al tanto de los métodos más convenientes y avanzados para cada una.Pero el ex secretario de Estado y de Transportación y Obras Públicas José Izquierdo advirtió que esto se cumple solo si, al momento de nombrarlos, el Gobernador y la Oficina de Nombramientos realizan un trabajo serio para identificar al candidato idóneo para incorporarse a una junta y no obedecen solo consideraciones partidistas.

“Son corporaciones de desarrollo de proyectos… y te interesa para el bien de la junta que haya gente relacionada con la industria para que pueda aportar ese valor”, indicó Izquierdo, quien ha formado parte de la junta de gobierno de la Autoridad de los Puertos, entre otras.

Carlos Díaz Olivo, quien participó del comité asesor que redactó la actual Ley General de Corporaciones, aprobada en 2009, destacó que existen dos tipos de posiciones para ciudadanos: las reservadas para particulares, muchas veces ocupadas por especialistas, y aquellas para representantes del interés público, como es el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se encuentra inmersa en una controversia por denuncias de fraude en la elección de esos dos ciudadanos.

En ambos casos, destacó el profesor de Derecho Corporativo, estos ciudadanos independientes deberán velar por el interés común y hasta, en situaciones de controversias, podrían tener que responder por las acciones de la junta en su carácter personal.

“Cuando entra a una junta de directores, aunque entra representando un sector o si lo había seleccionado un sector, tiene un deber de velar por toda la entidad y no necesariamente al sector que lo nombró”, precisó.

Izquierdo relató que, en su experiencia como jefe de agencia e integrante de juntas de gobierno -que por ley son el cuerpo que dicta la política pública de las corporaciones-, la mayoría de los ciudadanos particulares demostraban, no sólo gran capacidad para manejar los asuntos de la corporación, sino, también, un compromiso con el trabajo, que es mucho.

“Normalmente, el ciudadano privado se siente privilegiado de que lo hayan nombrado a la Autoridad de Energía Eléctrica o de Acueductos y se leen las minutas (de las reuniones pasadas) y las critican”, dijo.

Por esto y por entender que los usuarios tienen mucho que aportar para que las corporaciones de servicio directo mejoren su desempeño, el ingeniero abogó por que las autoridades Metropolitana de Autobuses y de Carreteras cuenten, como la AEE, con juntas de gobierno que tengan representantes del consumidor.

“Sería interesante que hubieran juntas por ley… que haya unos ciudadanos que se pudieran quejar en directo”, sostuvo.

Para esto y para establecer cualquier otro cambio en la composición de alguna junta de gobierno, haría falta legislación.

Publicado en: El Nuevo Día (17 de mayo de 2012)