Más avances hacia el Plan Universal

Las acciones del gobierno para que las aseguradoras de salud no tuvieran que garantizar cubierta adecuada a miles de ciudadanos con condiciones preexistentes deben ser verdaderamente rectificadas en ley, porque contradicen el espíritu de la promesa de abrir el camino en Puerto Rico a la implantación de un sistema universal de salud.

Afortunadamente, el esfuerzo de que se excluyera a la Isla de la garantía de acceso a un plan médico que ordena la reforma federal, conocida como Obamacare, a 354,000 individuos no asegurados que residen aquí, fracasó cuando el Departamento de Salud de Estados Unidos rechazó en julio el pedido, formulado en una carta de la comisionada de Seguros, Angela Weyne, a la secretaria de Salud federal, Kathleen Sebelius. La existencia de la carta, con fecha del 7 de mayo pasado, fue revelada esta semana al País por una investigación periodística de El Nuevo Día.

Pero, aunque ese intento específico fracasó, aún sigue vigente una cuestionable disposición de la Ley 69 de 2013, firmada por el gobernador Alejandro García Padilla el 22 de julio, que solo obliga a las aseguradoras a darles una cubierta básica no detallada a pacientes con condiciones preexistentes que hasta ahora habían sido rechazados por los planes médicos.

Ambas acciones, el pedido de exclusión a Washington y la nueva ley, atentan contra la letra misma del Obamacare y contradicen el discurso de campaña de García Padilla, que prometió acceso universal a un plan médico a toda la población, sin exclusiones.

De haber sido correspondidos por la administración Obama, los esfuerzos del gobierno local hubieran terminado afectando al 10% de los individuos en Puerto Rico, ya que el otro 90% se divide por igual entre el plan Mi Salud y los planes privados, ya sea grupales o individuales. Pero esa décima parte incluye a sobre 350,000 individuos, una parte de los cuales son pacientes rechazados debido a condiciones médicas preexistentes.

Representantes de la industria del seguro que han respaldado el pedido de Weyne, han alegado que la garantía de acceso que el Obamacare impone a las aseguradoras podría encarecer entre 40% y 60% el costo de las primas, supuestamente provocando que hasta 90,000 pacientes, asegurados ahora, no pudieran pagarlas. El argumento convenció al gobierno de García Padilla, pues la Ley 69, aunque “prohíbe” denegar el plan médico, solo impone a las aseguradoras proveer una cubierta básica que el propio estatuto no define.

Más aún, la legislación aprobada permite que una aseguradora rechace a un paciente “por motivo de la situación de salud o experiencia de reclamaciones de dicha persona o de sus dependientes”, lo que resulta inaceptable.

Está en lo correcto el procurador del Paciente, Carlos Mellado, al advertir que aplicar tal disposición es discriminatorio contra un paciente con condiciones preexistentes; a su vez, contradice el espíritu del Obamacare, que precisamente persigue terminar con la práctica de denegar cubierta a base del historial médico.

Ante los escollos aparentemente infranqueables que enfrenta el plan del gobernador, creemos que ha llegado el momento de rectificar y dar paso a una verdadera reforma de salud que no discrimine contra ningún ciudadano; un sistema universal que garantice el derecho que tenemos todos al disfrute de una vida saludable.

Nuestra posición editorial ha sido firme a favor de que en Puerto Rico se establezca un sistema universal que garantice el derecho pleno a la salud; y todos los pasos que se den desde ahora deben conducir a ese objetivo de innegociable justicia social.

Por: Editorial END
Publicado en El Nuevo Día el 2 de agosto de 2013